Muy españoles y muchos españoles

Han pasado ya más de dos meses desde la crisis migratoria que sufrió Ceuta y, sin embargo, la ciudad autónoma continúa viviendo una situación límite. Una ciudad española que, durante demasiado tiempo, ha parecido abandonada a su suerte. Como si Ceuta fuera nuestro particular Sáhara Occidental: territorio español, pero abandonado cuando toca ejercer y defender esa soberanía.

Los incidentes se suceden y la sensación de inseguridad permanece entre buena parte de la población. Una situación especialmente preocupante cuando hablamos de agresiones y de delitos que afectan directamente a la seguridad y a la convivencia de los ceutíes.

Y, pese a todo, hay algo que merece ser reconocido: la resistencia de los españoles que viven en Ceuta.

Porque, ante una situación de estas características, cabría esperar que la desesperación terminara provocando reacciones mucho más graves: un incremento de la violencia contra los inmigrantes, un éxodo de ciudadanos hacia la península o incluso consecuencias todavía más dramáticas. Sin embargo, la sociedad ceutí ha demostrado una capacidad de resistencia que merece ser reconocida.

Cuando se quiere, se puede

El anuncio de la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI ha vuelto a poner el foco sobre Ceuta. Y, de repente, hemos visto cómo se reforzaba la seguridad y cómo se desalojaban asentamientos que hasta hace apenas unos días parecían imposibles de eliminar.

La conclusión resulta difícil de ignorar: cuando existe voluntad política, las cosas pueden hacerse.

Las consecuencias tampoco han tardado en llegar. El incremento de la seguridad y las actuaciones llevadas a cabo han contribuido al retorno de cientos de inmigrantes. El reciente desalojo de El Trampolín es una buena muestra de ello: más de 1.100 personas fueron trasladadas a recursos reglados y alrededor de 900 regresaron voluntariamente a Marruecos.

Cabe preguntarse qué habría ocurrido si esas medidas se hubieran adoptado antes y, especialmente, qué consecuencias habría tenido disponer desde el primer momento de los efectivos necesarios para controlar la frontera.

Porque detrás de las cifras hay personas. Y detrás de las personas hay tragedias que no pueden quedar reducidas a una estadística. También están las víctimas mortales de aquella crisis y los cadáveres que, según se ha denunciado, ni siquiera han recibido todavía una respuesta digna por parte de las autoridades marroquíes.

El problema de las fronteras

Hay que abordar también el problema jurídico. Las actuales limitaciones existentes para determinadas devoluciones en frontera no son una cuestión menor. Pero tampoco podemos aceptar como argumento definitivo que una determinada política sea imposible simplemente porque hoy la legislación no la contempla.

La política cambia las leyes.

Lo hemos comprobado recientemente. Cuando existe voluntad parlamentaria, determinadas reformas pueden tramitarse con extraordinaria rapidez. Por eso resulta difícil comprender que España pueda movilizar todos sus recursos políticos para determinados asuntos mientras una crisis que afecta directamente a una de sus ciudades autónomas permanece relegada a un segundo plano.

Y esto no ocurre solamente con Ceuta.

Mientras tanto, en La Palma todavía hay familias que continúan viviendo en contenedores, cinco años después de la erupción del Tajogaite. En Los Llanos de Aridane todavía permanecen ocupadas decenas de estos alojamientos provisionales, que nacieron como una solución de emergencia y que se han convertido en la vivienda de familias durante años. Las únicas viviendas que se han dado en España en estos años.

En Valencia, miles de ciudadanos siguen afrontando las consecuencias de la DANA y reclamando las ayudas necesarias para recuperar aquello que perdieron. Y en Adamuz hemos vuelto a comprobar que hay tragedias que, por mucho que queramos, no pueden repararse.

El Estado debe estar allí donde sus ciudadanos lo necesitan.

De la indignación a las soluciones

Una vez identificados los problemas, debemos hablar de soluciones.

Como ha señalado mi querido amigo Helenio Luca en su reciente artículo publicado en Europa Sur, debemos replantearnos el concepto de frontera y asumir que los accidentes naturales también forman parte de ella. El mar no puede convertirse en un espacio de vacío jurídico ni en una invitación a poner vidas humanas en riesgo.

Defender una frontera segura no significa renunciar a los derechos humanos. Todo lo contrario: significa establecer procedimientos claros, legales y eficaces que permitan controlar quién entra en nuestro territorio, garantizar la protección de quienes realmente la necesitan y evitar que las mafias conviertan la desesperación de miles de personas en un negocio.

La inmigración irregular no puede gestionarse mediante la improvisación.

Y, especialmente en el caso de los menores, debemos buscar soluciones que prioricen su interés superior. Si existen familias y países de origen dispuestos a asumir su responsabilidad, debemos trabajar para que esos menores puedan ser reagrupados con sus padres, siempre con las garantías legales y de protección que correspondan.

En este sentido, Marruecos ha manifestado públicamente su disposición a recibir a menores marroquíes y a colaborar en los procesos de reagrupación familiar. Eso es lo que sabemos. Ahora bien, una cosa es decirlo públicamente y otra muy distinta es comprobar que esa voluntad se convierte realmente en hechos. Ya veremos.

Porque el retorno y la reagrupación no pueden depender únicamente de declaraciones. Necesitamos compromisos efectivos, procedimientos ágiles y garantías de que quienes deben hacerse cargo de esos menores realmente lo harán.

Una cuestión de voluntad

Y aquí está el verdadero problema: las soluciones existen. No estamos ante un problema sin solución. Estamos ante un problema que lleva demasiado tiempo sin voluntad de resolverse.

Existe una mayoría social que reclama fronteras seguras. Existe un debate europeo abierto sobre la necesidad de reforzar el control de las fronteras exteriores. Y existe, además, una disposición pública de Marruecos a colaborar en los retornos y en la reagrupación familiar.

Lo que falta es voluntad política.

Y existe otro problema: el calendario electoral.

Si algo nos ha enseñado la política española es que, cuando se acercan las elecciones, los problemas complejos tienden a convertirse en problemas incómodos. Y Ceuta corre el riesgo de convertirse precisamente en eso: un problema que nadie quiere resolver de manera definitiva porque cualquier solución tiene un coste político.

Pero una frontera no puede esperar a que pasen unas elecciones.

La seguridad de los ceutíes tampoco.

Porque si seguimos dejando pasar el tiempo, ¿qué ocurrirá cuando la tensión vuelva a aumentar? ¿Volveremos a esperar a que haya una nueva entrada masiva? ¿Volveremos a esperar a que se produzcan nuevas agresiones? ¿Volveremos a esperar a que sea necesaria otra visita institucional para reforzar la frontera?

¿O tendremos que acabar viendo a miles de españoles cruzando el Estrecho para manifestarse en Ceuta y decir basta? ¿Tendremos que llegar al extremo de que la propia ciudadanía tenga que hacer visible, mediante una movilización masiva, lo que el Estado parece no querer ver?

Ojalá nunca lleguemos a ese punto.

Pero una sociedad también tiene un límite, y los ceutíes llevan demasiado tiempo reclamando que el Estado cumpla con su obligación más básica: protegerlos.

Muy españoles y muchos españoles

Hay una frase que, en mi opinión, resume mejor que ninguna otra lo que significa España: no hay nada más español que un vasco y un ceutí.

Dos realidades geográficamente distintas, dos territorios con una personalidad propia y, sin embargo, dos ejemplos de algo mucho más importante: formar parte de una misma nación.

Por eso precisamente resulta tan doloroso que un ceutí pueda llegar a sentir que tiene que reivindicar constantemente su españolidad.

Ceuta no puede ser española únicamente cuando toca defender su soberanía o cuando una visita institucional obliga a reforzar su seguridad. Ceuta es España todos los días.

Y los ceutíes también son españoles todos los días.

Por eso, cuando hablamos de ellos, no deberíamos hacerlo únicamente desde Madrid, Bruselas o Rabat. Deberíamos hacerlo desde la responsabilidad de saber que, al otro lado del Estrecho, hay ciudadanos españoles que llevan demasiado tiempo reclamando algo tan básico como sentirse protegidos por su propio Estado.

Quizá esa sea la verdadera cuestión que debemos plantearnos: ¿cuántas veces más tendremos que demostrar que Ceuta es España para que España demuestre que Ceuta también le importa?

Porque los ceutíes no necesitan discursos.

Necesitan Estado.