El Banquillo General del Estado

España estrena lo impensable: un Fiscal General en el banquillo que sigue siendo Fiscal 

Las instituciones constitucionales españolas hace ya tiempo que navegan en el barco de lo inverosímil.  No deja de sorprenderme, sin embargo, la normalidad con la que el aparato gubernamental trata de  dotar al funcionamiento degradado de las mismas. Como si nada ocurriera, “normalidad democrática”,  insisten. 

De entre todas las anomalías que nos acompañan, destaca una que llama la atención de cualquiera: por  primera vez en la historia un Fiscal General del Estado es procesado penalmente. En palabras más  llanas, el Fiscal General del Estado se sentará en el banquillo de los acusados. No, no es un oxímoron.  Es romper por completo el mandato constitucional del artículo 124, en el que se encomienda a esta  figura “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”. 

No obstante, por increíble que parezca, el procesamiento del Fiscal no es lo más grave, sino que el  mismo continue ejerciendo sus funciones. Evidentemente, Álvaro García Ortiz tiene derecho, como  todo ciudadano, a la presunción de inocencia. Pero no todo vale. Esto es un absoluto quebrantamiento  del espíritu de la institución que representa. Los meros indicios de su responsabilidad penal deberían  ser fundamento suficiente para provocar su dimisión. Por coherencia y decoro. Por dignidad. Por  respeto a la función pública. 

Veremos, en los próximos meses, como un Fiscal del Tribunal Supremo, subordinado del encausado,  ejerce la acusación pública contra el mismo. Absurdo total, como si el espejo decidiera enjuiciar al  rostro que lo mira. Lo que veremos no es solo un conflicto de intereses, sino una puesta en escena que  desafía los principios más elementales de la lógica jurídica (y humana). 

Pero, por supuesto, ahora entra en juego lo ineludible, ¿el Fiscal General del Estado de quién depende?  Pues eso. Este sainete no podría mantenerse sin el apoyo incondicional de un Presidente del Gobierno  volcado con la causa (quien sabe si por motivos muy distintos de los que se enjuician). No hace mucho,  tras ser preguntado por la presentadora en una entrevista, Pedro Sánchez defendió que el Fiscal no  debe dimitir “porque es inocente”. Tiembla Montesquieu y la dichosa separación de poderes. Parece  olvidar el Presidente que la toga no es propia del despacho de la Moncloa, sino de Tribunales  independientes. Pero, oye, qué más da… si el mazo de la verdad ya lo tiene él, ¿para qué necesitamos  jueces? 

Para más inri, el Ministro de Justicia (repito, de Justicia) predica que nada se le puede achacar al Fiscal  porque solo “dice la verdad”. Golpe, ahora, al Código Penal. Tampoco debemos castigar, entiendo, al  médico que revela la enfermedad del paciente sin su consentimiento, al banquero que divulga el  número de cuenta de su cliente o al inspector que filtra las rentas del contribuyente… total, solo dicen  la verdad, ¿no? Bienvenidos a la Doctrina Bolaños: si es verdad, barra libre.  

Ya no se trata de discernir si el Fiscal General del Estado es culpable o inocente (eso lo decidirá nuestro  más Alto Tribunal), sino de preguntarse si en esta institución queda algo de espíritu constitucional o si  sus cimientos se han disuelto por completo. Porque no estamos ante un caso más en el banquillo. Con  todo lo que está en juego, es el Banquillo General del Estado.