Medicamentos: cuando el ahorro provoca desabastecimiento.

Desde siempre los españoles hemos sentido orgullo de nuestro sistema sanitario, con sus fortalezas y debilidades. En general, ha sabido responder a las grandes demandas de salud de la población. No obstante, en los últimos años resulta cada vez más habitual la escasez de medicamentos en las farmacias. De hecho, frecuentemente los noticieros abren sus portadas exponiendo la falta de tratamientos para, por ejemplo, la diabetes. Pero, ante esta situación, ¿de quién es la culpa?

Al igual que en otros países, España establece un valor máximo para aquellos medicamentos que son financiados. De tal manera, estima un importe para la misma familia de fármacos según los precios en otros países y la existencia de genéricos. Esta regulación tiene la ventaja de reducir la variabilidad de los precios, ser fácil de implementar y controlar el gasto sanitario.

En contrapartida, este sistema supone renunciar a un aspecto esencial, la competitividad de mercado. Tal renuncia repercute directamente en la conducta de las empresas farmacéuticas y distribuidoras, que ven reducidos sus beneficios por unos precios rígidos alejados de la oferta y demanda, desincentivando la cobertura adecuada.

Como consecuencia, solo se ofrece lo mínimo indispensable, mientras el resto de sus existencias se exportan a países con mercados más rentables. Y, como casi siempre, el verdadero perjudicado es el ciudadano, víctima última de una mala gestión política.

Aunque esto pueda parecer un problema puramente económico, nada más lejos de la realidad. La escasez se ha traducido en un mayor número de consultas por complicaciones ligadas a la imposibilidad de acceder al tratamiento. Esto aumenta la carga sanitaria de nuestra frágil sanidad y produce daño directo en la calidad de vida de los pacientes. E incluso ha propiciado el mercado negro de fármacos, como el famoso Ozempic.

Entonces, si queremos revertir esta situación, es necesario implementar un modelo con mayor competitividad, donde el ciudadano pueda acceder a todos los fármacos al margen de los precios de referencia. De este modo, se controla el gasto público sin afectar la disponibilidad de medicamentos. Por ejemplo, en Alemania el sistema paga solo hasta el precio de referencia; si el paciente quiere un medicamento más caro, paga la diferencia.

Además, inversamente a la situación actual, una mayor competitividad podría reducir los precios de los fármacos existentes. Asimismo, incrementaría la disponibilidad de distintas formas farmacéuticas del mismo medicamento y volvería a España un país atractivo para la introducción de nuevos principios en el mercado.

En definitiva, el actual sistema de precios de referencia ha demostrado ser una trampa que castiga al ciudadano con desabastecimientos inaceptables. Mientras se mantenga esta rigidez intervencionista, España seguirá viendo cómo las farmacéuticas priorizan mercados más rentables en perjuicio de los pacientes. La solución no pasa por seguir interviniendo el mercado, sino por abrirlo, y así garantizar el acceso real a los tratamientos. Pues solo con un modelo más libre podremos asegurar que la salud deje de ser rehén de la burocracia y vuelva a ser un derecho efectivo.