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Nota: todos los socios de Voces Libres España tienen el derecho de publicar artículos en el blog, estos reflejan las opiniones personales del autor y no son un posicionamiento oficial de la asociación.

En Canarias el PSOE ahora es azul

Sabemos que dentro del Partido Popular existen diferentes vertientes o «sensibilidades»; hay personas más liberales, algunas conservadoras en lo moral pero liberales económicos, otras más proteccionistas… y hay otros sujetos que, directamente, parecen no haber tocado un libro de filosofía política en sus vidas.


Este último caso tiene como mayor exponente a aquellos que dirigen tanto al Partido Popular de Canarias como a sus juventudes. Algunos podrían pensar que esta crítica es algo dura, sin embargo, siendo sinceros, más bien se queda corta dada las líneas ideológicas que han decidido seguir en esta Comunidad Autónoma, que son prácticamente en muchas ocasiones indistinguibles de las propuestas de Coalición Canaria e incluso las promesas electorales del Partido Socialista en muchos lugares del territorio español.


Esta ausencia de líneas propias en términos ideológicos se puede ver recientemente en las NNGG de Canarias, quienes exigían al Gobierno Central la ampliación del Verano Joven para los jóvenes canarios¹ que, al ser un territorio insular, esta medida no tenía prácticamente ningún efecto ni capacidad de aprovechamiento para las personas de entre 18 y 30 años. Esto es algo sorprendente, no solo porque ya disfrutan de una ayuda del 75% del precio en transportes de avión o medios marítimos² tanto para viajes entre las islas como para el resto del territorio nacional, sino porque pedir la ampliación de una ayuda como el Verano Joven debería ir radicalmente en contra de los principios de un partido que generalmente se presenta como una supuesta alternativa al PSOE a nivel nacional, que paradójicamente reproduce esos comportamientos propios de una izquierda que aspira a una población empobrecida, dependiente del Estado y de la infraestructura pública. 


Esto, por desgracia, no es lo único que tienen en su discurso que podría ser perfectamente confundido con una medida del Partido Socialista, ya que también proponen medidas como la regulación del mercado de la vivienda turística mediante el Proyecto de Ley 11L/PL-0010 De Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas³, donde pretenden limitar el uso que una persona le quiere dar a su vivienda para destinarla a alquiler turístico, imponiendo un mínimo general del 90%⁴ de edificabilidad residencial y/o del número de viviendas existentes o previstas con destino exclusivo para uso residencial.


Este Proyecto de Ley, que ha sido propuesto desde la Consejería de Turismo y Empleo donde tiene el cargo de Consejera Jessica de León, miembro del Partido Popular, lo único que consigue es tener un carácter más restrictivo del uso que le quieres dar a tu propia vivienda, siendo este objetivo uno que podría compartir partidos como el Partido Socialista, en este caso incluso con un argumentario similar, poniendo la (tramposa) excusa de la falta de vivienda residencial, cuando este problema puede atajarse de otras maneras, como por ejemplo defendiendo y promoviendo la edificación en altura, especialmente en sitios como son las islas donde si bien el suelo puede ser escaso, nada impide la construcción en altura, salvo las regulaciones que existen en Comunidades Autónomas y en los propios municipios.


De nuevo, por desgracia, estas no son las únicas propuestas que el Partido Popular ha imitado y copiado del argumentario de la izquierda; debemos recordar como Poli Suárez, Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y miembro del Partido Popular, mostró el 24 de junio en el Parlamento de Canarias un desprecio gratuito a la bandera con la Cruz de Borgoña, un símbolo que forma parte de la historia de nuestro país, como respuesta a una pregunta de Paula Jover, diputada autonómica de Vox, respecto al cumplimiento de la ley sobre el uso de la bandera de España y otras enseñas en los centros educativos en referencia a la utilización de la bandera LGBT, ya que la fecha del Día del Orgullo (28 de junio) se aproximaba y se quería saber si iban a izar banderas del colectivo.


Esto provocó la respuesta de Poli Suárez, defendiendo la utilización de la bandera LGBT y asumiendo exactamente el mismo discurso victimista que suele utilizar la izquierda, no buscando el reconocimiento de unos derechos sino la perpetuación de una situación de víctimas, de personas que deben estar protegidas y bajo una «especial tutela», afirmando el Consejero en su respuesta que lo que podría hacer no es quitar las banderas del colectivo que se izen, sino «comprar mástiles a todos los centros educativos para que el 28 de junio icen esa bandera»⁵, asegurando justo después que la que nunca se izaría es la bandera de la Cruz de Borgoña, en un tono despectivo que no procedía de ninguna forma ya que esa bandera es parte de la historia de todos los españoles, incluyéndolo a él. No es una bandera de Vox, ni siquiera realmente es una bandera de los Carlistas, sino que es un símbolo que representó a nuestro país en anteriores tiempos.


Este rechazo a la historia y legado de nuestro país también es un elemento típico de los principales partidos de izquierda actuales, negando y rechazando todo aquello que tenga que ver con tiempos anteriores que aunque no tengamos que desear que volviesen a suceder muchos de estos eventos, forman parte de nuestra historia y han participado en convertir a España en lo que es en la actualidad, con sus luces y sus sombras. Debemos abrazar nuestro pasado, no rechazarlo como pretenden ciertos partidos de izquierda como el Partido Socialista mediante leyes de «Memoria Histórica» que sirven para manipular y tergiversar hechos pasados.


Y en relación a esto último, el Partido Popular de Canarias ha asumido el argumentario izquierdista basado en rechazar y tergiversar la historia, ya que en el 28 de noviembre del año 2018 apoyaron y votaron a favor de la Ley 5/2018 de Memoria Histórica en el Parlamento de Canarias⁶, donde, como en prácticamente todas las leyes de Memoria Histórica, se busca reescribir el pasado y endulzar una narrativa que si bien pueden contar una verdad parcial, no lo hacen nunca de forma completa, ensalzando implícitamente lo que fue la IIª República. Todo a pesar del caos en el que estuvo buena parte de este régimen, estando en diferentes estados de emergencia que suponían la suspensión de muchos derechos que se supone que la IIª República respetaba, garantizaba y protegía, cuando en verdad eran constantemente vulnerados, llenando las calles de crímenes, donde en muchas ocasiones acababan con víctimas por cuestiones políticas o (anti)religiosas, quedando todas estas posibles víctimas o familiares de víctimas excluidas por la propia redacción de la ley. Además, esta Memoria Histórica que apoyó el Partido Popular de Canarias busca también eliminar todo símbolo relacionado con el régimen franquista, eliminando así de facto elementos de la historia reciente de nuestro país, cuando si bien es una obligación de la anterior Ley 52/2007 de 26 de diciembre⁷ y de la actual Ley 20/2022 de 19 de octubre⁸, el Partido Popular no debería haber promovido ni respaldado la reafirmación que supone la Ley de Memoria Histórica de Canarias. Esto solo ratifica la supuesta necesidad de estas acciones que buscan eliminar y alterar la historia, cuando el PP debería haber apoyado y apoyar en la actualidad la derogación de las dos leyes nacionales de Memoria Histórica mencionadas anteriormente y buscar una concordia real como se pretendía durante la Transición, sin necesidad de edulcorar el pasado de la IIª República ni eliminar los vestigios que recuerdan hechos, sucesos y momentos de la historia que sucedieron durante el régimen franquista. En el pasado sí existió la oportunidad de derogar la Ley 52/2007 con la mayoría «absolutísima» del PP de la X Legislatura con sus 185 diputados (de 350 diputados) en el Congreso y 153 senadores (de 265 senadores) en el Senado, aunque ese es otro melón que no voy abrir en este artículo.


Por supuesto, no podemos ignorar tampoco el insulso acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Coalición Canaria, donde la mayoría de los puntos carecen de contenido real -y por lo tanto, pueden hacer lo que quieran con ello ya que «no mentirían» al ser tan vago- y los que si los tienen, posiblemente solo se salva la propuesta de Formación Profesional. El problema con este acuerdo que tiene publicado el PP en su archivo web⁹ sería aparentemente un texto incompleto, que no representa la totalidad del acuerdo del Partido Popular con Coalición Canaria, o al menos esta es la conclusión que uno podría llegar al ver la versión que existe en la página web del principal partido del actual Gobierno del archipiélago, donde se ve un documento de 9 ejes distintos¹⁰ y de un total de 18 páginas. Curiosamente el acuerdo que habría publicado el Partido Popular es uno muy similar a uno que firmó en su momento el Partido Socialista el 10 de noviembre del 2023, siendo este un Acuerdo de Legislatura¹¹, buscando de esta forma el apoyo de Coalición Canaria para la investidura de Pedro Sánchez, comprometiéndose el PSOE a ciertas condiciones y a su vez persiguiendo el cumplimiento de lo que Coalición Canaria llama la «Agenda Canaria», y curiosamente los acuerdos tanto con el PP como con el PSOE sobre los puntos fundamentales que al parecer perseguiría esta agenda, son casi idénticos en contenido, y subyugádose ambos partidos nacionales a los fines que persigue este partido nacionalista del archipiélago.


Volviendo de nuevo al texto real del acuerdo entre el Partido Popular de Canarias y Coalición Canaria, donde ya en el primero de los nueve ejes en los que se basa el acuerdo se centra en medidas como complementar a 43.000 pensionistas no-contributivos con la Renta Canaria de Ciudadanía, lo cual es un error en mi opinión, no porque el ayudar a personas que se encuentren en situación de exclusión social sea algo negativo, sino porque las ayudas directas dinerarias a la ciudadanía deberían ser la excepción, buscando primeramente la forma de sacar a estas personas de su situación de exclusión social, optimizando por ejemplo el apoyo de búsqueda de empleo e incluso en la medida de lo posible flexibilizando el mercado laboral de las islas, reduciendo impuestos que puedan beneficiar la inversión exterior (ya sean de empresas españolas o extranjeras) y generar condiciones donde pueda existir competitividad empresarial, ya no solo generando meros empleos, sino empleos de calidad mediante la competitividad. También en este primer eje se habla del compromiso en la lucha contra la inmigración, pero a la vez se propone la solución de repartir a los MENAs por el resto del territorio español, algo que se ha demostrado en muchas ocasiones una solución inefectiva que en la práctica solo ha tenido como resultado situaciones de inadaptación cultural al no haber un plan real de acogimiento de estos menores ni medios efectivos para que no se guetifiquen entre los propios menores, generando situaciones de inestabilidad y conflicto en otros lugares de España, siendo lo único «positivo» que habría menos MENAs que gestionar y que acoger en los territorios del archipiélago.

El tercer eje del acuerdo empieza con una ampliación del POSEI o POSEI adicional, que consiste en resumidas cuentas dar ayudas directas de dinero público a empresas y productores agrícolas de Canarias. De nuevo, esta solución aunque puede estar bienintencionada, cae de nuevo en la solución estatalista, paternalista y sobrepresencial del Estado. Podrían buscarse otras soluciones en colaboración con el Gobierno Central, que si bien el actual puede ser más reacio a según qué soluciones más liberales, podría haberse buscado en el pasado y buscarse en el futuro alternativas para que las empresas agrícolas disfruten de impuestos bonificados o exenciones fiscales por la actividad que producen, para buscar que los productores más eficientes y rentables persistan y continúen la actividad en el sector. Además, en este mismo eje también existen otras medidas que deberían buscar alternativas menos intervencionistas como la que proponen sobre la continuación de la subvención del 70% de compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías, o la medida de un sistema de compensación reglamentarizado en el precio del agua y así reducir su precio vía dinero público.

En el séptimo eje del acuerdo se habla de políticas de ayuda a la mujer, políticas en contra del sexismo, discriminación, violencia, en contra de la LGBTIfobia… medidas que ya conocemos porque suenan bienintencionadas pero que terminan siendo utilizadas con fines perversos identitarios, como ha sucedido en el pasado con el Partido Socialista en el Gobierno Central junto a socios de gobierno como Podemos, Sumar y otros. Con esta comparación en cierto modo está todo dicho.


Evidentemente no todo es malo, como la propuesta de la Tarifa Cero para los autónomos durante los dos primeros años, lo cuál lo veo como una medida positiva, insuficiente, pero dentro del contexto en el cual se encuentra España es incluso un avance en comparación a otros territorios.

Es importante señalar que todos los puntos aquí mencionados también los ha firmado el Partido Popular, y siendo muchos de los puntos aquí mencionados perfectamente compatibles con la visión «progresista social» que puede intentar hacer ver que tiene el PSOE. Tampoco he añadido todas las medidas que, personalmente, veo que podría haber firmado el Partido Socialista del acuerdo ya que si tuviese que mencionar todas las medidas de los nueve ejes y dar mi opinión sobre ellas este artículo se alargaría demasiado, más de lo que ya es en este momento.


Todo lo que he mencionado anteriormente son graves problemas que tiene el Partido Popular, donde tiene posturas que son indistinguibles del Partido Socialista, pero no son las únicas áreas donde las posiciones son muy similares entre el PSOE y el PP de Canarias, como en el servilismo a medidas ecologistas fallidas, una posición ambivalente y declaraciones algo contradictorias sobre la extracción y explotación de los recursos de tierras raras que se encuentran en Canarias.


Respecto a esto último que he comentado, el Partido Popular de Canarias  ha mantenido una posición ambigua y poco clara sobre la posición que tienen en la temática de la extracción de tierras raras, donde por un lado afirman en abril de 2024¹² que los permisos para buscar estos recursos minerales son legales y se les debe de dar tramitación para posteriormente en febrero de 2025 cambiar su postura (donde ellos dirán que es matizar su opinión para no equipararlo con los «cambios de opinión» de Sánchez) a una más restrictiva, llegando a decir más tarde en julio Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular de Canarias que está «de acuerdo en que esta materia prima [las tierras raras] es necesaria, pero no a cualquier precio», negándose de lleno a cualquier explotación de tierras raras, dando a entender a su vez una posición más restringente sobre la propia búsqueda (que no explotación) de estos recursos naturales¹³, posición bastante distinta a la que tenían en el año 2024 que mencionamos antes.


Otro punto donde también caen en el discurso típico del falso ecologismo es en la oposición a la energía nuclear, donde el diputado Nicasio Galván del partido Vox defendió una proposición no de ley para instar al Gobierno de España un estudio sobre la viabilidad de una central nuclear en Canarias, donde todos los partidos mostraron una posición en contra, incluido el Partido Popular, donde por medio de la diputada Noemí Díaz afirmaron que resolver «la emergencia eléctrica es un proceso» donde se debían priorizar las inversiones públicas en energías limpias¹⁴.


Que el Partido Popular se proponga a sí mismo como «la alternativa a Sánchez» (alternativa que muchos miramos con recelo viendo el histórico del PP incluso con absolutas a nivel nacional) es incompatible de forma absoluta con repetir, imitar y compartir los objetivos, medidas y medios de una izquierda liberticida, que busca que las personas sean dependientes de una forma u otra del Estado. No puede ser una alternativa ni en el Gobierno Central ni en ninguna comunidad autónoma, ni siquiera en Canarias, un partido que pretende que los ciudadanos vivan amarrados a un collar en forma de ayudas y de dinero público. Este es el problema de la incoherencia que se sufre en muchos territorios del Partido Popular. Mientras que en territorios como Canarias promueven el «Todo dentro de lo Público, nada fuera de lo Público» en otras comunidades autónomas visten eslóganes de «Socialismo o Libertad». 


No se debe permitir que la política sirva únicamente para atar a las personas a las instituciones y que dependan eternamente de ellas, sino que deben ser en todo caso una herramienta que busque que los ciudadanos no necesiten de ayudas, pero estar ahí en caso de necesitarlas, cumpliendo una función subsidiaria. No debe ahogar a sus ciudadanos a impuestos, (sobre)regulaciones y tasas para luego «ayudar» en forma de subvenciones, prestaciones públicas o apoyos económicos, sino que debe facilitar mediante la ausencia de su intervención a que puedan realizar el proyecto de vida que deseen. Debe soltar y desregular, y por supuesto, debe respetar la libertad de los individuos que participan en la vida económica, política y social de todo el territorio.


España necesita una alternativa que defienda la libertad, la propiedad, la prosperidad, la cultura del ahorro contra el despilfarro y que apoye y reivindique el modelo que ha demostrado que funciona a lo largo de la historia sacando a millones de personas de la pobreza, promoviendo además más contrapesos hacia el poder. Si el Partido Popular no defiende esto, no podrá ser una alternativa real al PSOE y a otros partidos similares que promueven ideas identitarias, estatistas e intervencionistas.


Dicho de otra forma, el Partido Popular si quiere ser una alternativa, debe aspirar a ser mucho más que la marca blanca del Partido Socialista. Debe defender unos principios claros, sin complejos, y abogue por unas ideas propias con orgullo, sin importar la opinión de otros partidos, y menos la de la izquierda liberticida, enarbolando así las ideas de la Libertad en España.

⁴ Se debe señalar que este Proyecto de Ley permite un mínimo del 80% especial en las islas de La Palma, La Gomera y el Hierro

⁵ La respuesta del Consejero se puede encontrar en el 1:45:07 del siguiente video del pleno del Parlamento de Canarias:

⁶ «Aprobada definitivamente la Ley de Memoria Histórica de Canarias»:

⁷ Artículo 15.1: «Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.» https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296&p=20221020&tn=1#tabs

⁸ Artículo 35.3: «Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos [los considerados contrarios a la memoria democrática]» https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-17099

¹⁰ Acuerdo PP-CCa publicado en la página web de Coalición Canaria:

¹² «Domínguez (PP) dice que los permisos sobre tierras raras son legales y reta al Parlamento a posicionarse en contra»:

¹³ «Manuel Domínguez insiste en que no habrá extracciones de tierras raras en la isla de Fuerteventura»:

¹⁴ «Canarias no estudiará la viabilidad de una central nuclear propuesta por Vox»


 
 
 

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