Fronteras abiertas y chequeras cerradas

Los enfrentamientos y disturbios de Torre Pacheco no han sido un accidente, han sido una factura. Es el precio de mirar para otro lado mientras nuestros ilustres mandarines del poder hacían crecer una situación insostenible. Pero no nos equivoquemos. El problema no es que alguien venga a buscar una vida mejor. Todos lo haríamos. La solución no es negar la entrada, sino cambiar lo que se encuentran dentro.

Hoy en día, millones de personas desean llegar a los países occidentales. El problema es que muchos no lo hacen con la intención de integrarse y trabajar, sino con la expectativa de acceder directamente a los beneficios del Estado del bienestar: sanidad, educación, subsidios, vivienda, carreteras o ayudas económicas. Esa es la raíz del verdadero problema. No es el movimiento de personas lo que genera tensiones, sino el hecho de que, al llegar, puedan acceder a recursos públicos financiados por los contribuyentes, sin haber contribuido antes, ni tener la obligación de hacerlo después.

La clave del conflicto no está, por tanto, en la inmigración como fenómeno humano —que puede ser enriquecedor y legítimo—, sino en la estructura institucional que la recibe. Si alguien llega y accede desde el primer día a servicios públicos financiados por otros, aunque no haya aportado nada, se produce un desequilibrio injusto donde unos pagan y otros solo reciben. Este sistema impide que muchos inmigrantes puedan integrarse de verdad. Si una persona llega sin conocer el idioma, sin formación, y con restricciones legales para trabajar, pero a la vez se le garantiza vivienda, alimentos o ayudas monetarias, no tiene incentivos reales para aprender, adaptarse ni incorporarse al mercado laboral. Con el tiempo, eso crea comunidades paralelas, desconectadas del resto de la sociedad, que viven del sistema pero no forman parte de él. Ahí es donde empiezan los verdaderos problemas de aislamiento, marginalidad, redes informales y dependencia crónica.

El problema además se agrava cuando las ayudas económicas se acaban. En ese momento detectan que no conocen el idioma, no tienen formación, el sistema les impidió trabajar al llegar por falta de documentación y permisos, y además están rodeados solo de personas de su misma comunidad. Eso los aísla, los empuja a juntarse entre ellos, y muchas veces terminan en redes clientelares o directamente en la delincuencia, como ha ocurrido en Torre Pacheco. Cuando esa estrategia de supervivencia da resultados, se convierte en un efecto llamada para otros que vienen con las mismas intenciones.

Además, los delitos cometidos por personas que ni trabajan ni respetan las normas de convivencia generan una sensación de impunidad generalizada. Esa impunidad ocurre porque el sistema penal actual es excesivamente blando. Las cárceles no cumplen su función disuasoria. Las penas son cortas, las condiciones de internamiento excesivamente cómodas, y los reincidentes apenas reciben consecuencias. Lo que ocurre hoy en Torre Pacheco es exactamente esto, y la experiencia previa de los colegas franceses e ingleses debería advertirnos de la situación. Hay que avanzar hacia un modelo en el que cada individuo sea libre de moverse, pero también responsable de mantenerse.

Sería ideal que todos los medios de producción fuesen privados, y cada particular decidiese sobre sus propios medios qué acepta o deja de aceptar en ellos, sin embargo esta situación no se da en occidente. Si los servicios públicos existen —que presumiblemente van a seguir existiendo durante bastante tiempo—, lo mínimo exigible es que solo puedan acceder a ellos quienes los costean directamente. Si un inmigrante viene a trabajar, cotiza, paga impuestos y contribuye, entonces que acceda a la sanidad, a la educación o a cualquier servicio público. En caso contrario, no debería tener acceso a ninguno de ellos. Esto acabaría de inmediato con el efecto llamada. Ya no vendría gente esperando ayudas, porque los beneficios solo se obtendrían tras haber contribuido antes. Ya no tendría sentido venir a vivir del sistema, porque el sistema dejaría de premiar a quien no aporta nada.

Todo esto deja de atraer inmigrantes improductivos y que pretenden marginarse (pues ni siquiera tendrían un hogar donde quedarse) y agravaría las penas para los que aún así lo hiciesen. Ahora bien, ¿qué hacemos con los inmigrantes que ya están aquí, muchos de ellos instalados en esa red de subsidios y dependencia? Simplemente hemos de cortar de raíz todos los privilegios. No se trata de expulsar a nadie a la fuerza —en primera instancia porque en muchos casos ni siquiera se sabe a dónde expulsarlos—, sino de retirar completamente el acceso automático a recursos públicos. El que quiera quedarse, deberá empezar desde cero buscando trabajo, aprendiendo el idioma y respetando las normas. El que no quiera, se irá voluntariamente porque aquí no encontrará nada regalado. Si delinque, deberá asumir las consecuencias con condenas ejemplares.

No hay otra forma de restaurar la convivencia. Integración solo para quien quiera integrarse de verdad. En una sociedad libre, las fronteras cerradas no protegen una nación, sólo postergan sus contradicciones. No hay que temer al que llega, sino al que no aporta.