La farsa electoral venezolana y el vergonzoso blanqueo de RTVE

El pasado lunes 28 de julio, Radio Televisión Española, mediante su perfil de X, publicó un desafortunado artículo acerca de las elecciones ganadas por Nicolás Maduro el pasado 28 de julio de 2024. Estas elecciones no fueron libres, y la sociedad civil sufrió coacciones, amenazas y amaños para que saliera el resultado esperado y el chavismo, liderado actualmente por el dictador venezolano, revalide su poder por otros 5 años más.

María Corina Machado y Edmundo González saludando a los manifestantes el 30 de julio de 2024 en Caracas. Fuente: Marina Calderón, para El País.

El pasado 28 de julio de 2025 se cumplió un año desde que Venezuela vivió un episodio más en su largo y truculento camino autoritario. Nicolás Maduro, presidente ilegítimo desde hace más de una década, arrinconado cada vez más ante su propia evidente incapacidad para gobernar un país y falto de apoyos tanto internos como externos, “revalidó” su mandato presidencial en unas elecciones las cuales, de acuerdo con observadores internacionales, la sociedad civil y asociaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, estuvieron absolutamente fuera del marco democrático. 

Ante esto, observamos el post de “X” desafortunado de Radio Televisión Española quien, contra todos los organismos internacionales en los que está inmersa España (Unión Europea, OTAN…), publicó una nota celebratoria donde se informaba del aniversario de las elecciones ganadas por Nicolás Maduro. Una redacción que, sin duda, omitía datos esenciales respectivos a la coacción, amaño de urnas, conteo de votos dobles, obligación al ganador de las elecciones al exilio en España, y, en general el carácter totalmente antidemocrático de la supuesta “fiesta de la democracia”. O farsa. Este acto no es meramente un fallo editorial o torpeza. Es soft power. Es un acto político desde el perfil oficial de la televisión pública controlada por el Gobierno de España. No es torpeza legitimar sin matices una dictadura fraudulenta. Es premeditación, manipulación y complicidad institucional.

EL TEATRO ELECTORAL VENEZOLANO

Las elecciones de 2024 no fueron una vergonzosa excepción antidemocrática dentro del propio país, sino que mantuvieron la ficción de una democracia electoral. Son norma y costumbre, la culminación de un proceso orquestado para perpetuar al chavismo nuevamente. 

El régimen de Nicolás Maduro ha perfeccionado en los últimos años un sistema de autoritarismo híbrido, el cual es un tipo de sistema político que entremezcla prácticas autoritarias reales con elementos formales democráticos. Realmente, aunque puedan existir elecciones, parlamento e incluso fuerzas políticas diversas, se encuentran fuertemente controladas por el poder ejecutivo, suprimiendo libertades civiles, restringiendo a la oposición y ejerciendo la censura. En este caso, Venezuela lo ha llevado a cabo mediante manipulación electoral, represión política, nula separación entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, estando todos ellos manchados por representantes afines al chavismo; y el uso de la ley para criminalizar, pues en los últimos años se han utilizado leyes contra ONG, o medidas como Estados de Excepción para perpetuar en el poder al chavismo. 

Los datos hablan por sí solos, y es que según diversos índices la situación es absolutamente alarmante. Primeramente, el índice de Democracia de “The Economist” (2023), muestra a Venezuela con una media de 2’25 sobre 10, media que emana de diversas categorías (proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura democrática y libertades civiles). También el Rule of Law Index del World Justice Project la muestran como el país 142 de 142, el peor del que se tienen registros. En el índice de Percepción de Transparencia Internacional del año 2023 sale como el 176 de 180, y en libertad de prensa (realizado por Reporters Without Borders) terminó el año 2024 como el 159 de 180 países. 

Pero ello no sólo afecta al funcionamiento político y democrático del país, pues en términos económicos el Observatorio Venezolano de Finanzas destaca una inflación interanual en mayo de 2024 de un 229% estimada, y una inflación mensual con una media del 26% para el mismo mes. También el PIB per cápita en Paridad de Poder Adquisitivo muestra índices preocupantes en comparación con países de su misma región (8162 USD PPA). Todo ello ha provocado también un éxodo migratorio de 7’7 millones de venezolanos desde 2015 según ACNUR. Parecen datos inconexos, pero cuando un gobierno actúa en contra de su propio pueblo, todos estos datos tienen correlación. Desde que Maduro llegó al poder en 2013, se ha registrado una caída del PIB superior al 80%. Todo tiene que ver.

Nicolás Maduro no es simplemente un dictador tradicional. Es la expresión final de un movimiento político que, naciendo con Hugo Chávez en 1999, se presentó como redentor de los pobres, justiciero de los oprimidos y heredero del bolivarianismo. En realidad, el chavismo ha sido una ideología del despojo: del expolio de los recursos, de la destrucción institucional y de la sumisión social mediante el hambre y la propaganda. Los informes de Human Rights Watch o Amnistía Internacional son demoledores: torturas sistemáticas en centros de detención, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, censura de prensa, represión a manifestantes y control absoluto de las instituciones judiciales y electorales. El sistema de justicia venezolano ha sido señalado por la Corte Penal Internacional como potencialmente responsable de crímenes de lesa humanidad. A todo esto, Maduro responde con retórica vacía, culpando al bloqueo imperialista y no a la situación interna del gobierno, con cuentas millonarias en el extranjero y propiedades diversas en esos países a los que él mismamente culpa de imperialistas.

Las elecciones del 28J: Una nueva hecatombe democrática.

Los prolegómenos del proceso electoral estuvieron marcados por una maquinaria de maniobras orientadas a eliminar sistemáticamente cualquier amenaza electoral real, como el intento de secuestro de la líder opositora María Corina Machado, ganadora indiscutible de las primarias opositoras y posteriormente inhabilitada administrativamente, sin proceso judicial transparente y en violación directa del principio de igualdad política.  La cúpula del chavismo recurrió a un argumento de forma para neutralizar a la candidata de fondo, empleando el aparato judicial como un brazo ejecutor de su voluntad política. Otros candidatos de la oposición sufrieron el mismo destino o renunciaron ante la imposibilidad de competir en condiciones justas.

Al mismo tiempo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, manipuló el calendario electoral, depuró el censo con criterios opacos y excluyó de facto a millones de votantes, permitiendo el voto sólo del 2% de venezolanos residentes en el extranjero. En el interior del país, se documentaron mecanismos de control social en zonas vulnerables mediante el uso del “carnet de la patria”, el chantaje alimentario a través de los CLAP, y la instalación de centros de votación en recintos militares o bajo vigilancia armada.

Durante la jornada electoral, las irregularidades se multiplicaron: “voto asistido” (en realidad, vigilado), presencia de colectivos armados, manipulación de actas, compra de votos, y la ausencia de observación internacional creíble. La Unión Europea no participó como observadora por falta de garantías mínimas, y la OEA fue vetada. En su lugar, se permitió el ingreso de “acompañantes electorales” de Irán, Turquía, Rusia, Cuba y Nicaragua.

Los resultados oficiales otorgaron a Nicolás Maduro el 56% de los votos, con una supuesta participación superior al 65%, revalidando por 6 años más un mandato presidencial cuestionable en el que las condiciones de vida de los venezolanos han empeorado considerablemente desde que él es presidente. Por otro lado, las cifras previamente expuestas fueron inmediatamente desmentidas por el Observatorio Electoral Venezolano y por plataformas de la sociedad civil que, mediante actas filtradas y observación ciudadana, estimaron una abstención real cercana al 70% y numerosas inconsistencias numéricas. En algunos centros se registraron más votos que electores; en otros, actas paralelas contradijeron los resultados transmitidos por el sistema automatizado del CNE, sin posibilidad de auditoría independiente.

Pero lo verdaderamente inquietante no es que el autoritarismo campe a sus anchas en un país; lo es aún más la validación internacional del mismo. Este es el punto clave: el reconocimiento internacional se convierte en un arma de legitimación, presentando a los regímenes autocráticos la oportunidad de ser interlocutores válidos como actores estatales con derecho a representación en foros multilaterales. Por ello es que la reacción internacional no fue lo contundente que se esperaba. Algunos países latinoamericanos como Brasil, México, Argentina o Colombia tuvieron reacciones dispares relativas a su reconocimiento. Otros países como EEUU o Canadá, así como varios miembros de la UE mostraron su oposición a los resultados electorales, pero sin producirse una ruptura diplomática en reacción. 

España, en particular, no ha emitido ningún pronunciamiento formal crítico, e incluso muchos de los socios del gobierno actual (como Yolanda Díaz en representación de Sumar, o Irene Montero en representación de Podemos sí reconocieron a Maduro como el ganador de las elecciones, o José Luis Rodríguez Zapatero, quien evitó calificarlo como dictador). Sin embargo, el Congreso y Senado aprobaron declaraciones reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo, algo que fue detenido por el poder ejecutivo formalmente antes de enero de 2025. Y siete meses después encontramos el desafortunado “post” de RTVE, recordando el resultado como si hubiese sido un proceso electoral normal, limpio y democrático. 

¿Qué es ser demócrata?

Llegados a este punto, nos surgen gran cantidad de dudas relativas a la posición española sobre Venezuela y si es compatible ser demócrata con justificar o, al menos, normalizar un proceso electoral amañado de facto. ¿En qué momento parece aceptable blanquear chantajes, torturas, presiones y amaños bajo la apariencia de legalidad?

Un contraste llamativo y políticamente revelador en este sentido es la denuncia vehemente de retrocesos democráticos en países con elecciones libres sólo por haber salido un sesgo democrático diferente (véase la Argentina de Javier Milei), mientras que en el caso de Venezuela existe un silencio ensordecedor, minimizaciones y justificaciones de estos atropellos bajo la narrativa de la “soberanía nacional”. Venezuela lleva más de una década sin alternancia, justicia independiente, libertades públicas, con una Asamblea Nacional desfigurada, sin prensa libre y una represión política convertida en política estatal recurrente. 

En este caso, la frase de Montesquieu resuena en las cabezas de quienes denuncian este atropello: “No hay tiranía más cruel que la ejercida a la sombra de la ley y con apariencia de justicia”. Es exactamente lo que ocurre en Venezuela: una farsa que convierte la democracia en su caricatura más perversa y preocupante con el beneplácito de instituciones externas. Y mientras todo esto ocurre, millones de venezolanos siguen huyendo, sobreviven con sueldos de miseria y gritan desesperadamente al vacío que se les realiza desde la Comunidad Internacional. Un vacío que no cesa y que duele, porque la herida sigue abierta, Venezuela se sigue desangrando y resulta inadmisible que desde la televisión pública española se le eche sal a la herida.